La violencia en las escuelas y entre jóvenes es un problema grave que requiere medidas efectivas y no solo efectistas. Sin embargo, una reciente iniciativa legislativa busca incorporar requisitos penales para acceder a la gratuidad en la educación superior, lo que puede convertir la educación en un instrumento de control conductual y castigo.
Esta propuesta constitucionalmente camina por la cornisa de la ilegalidad, ya que el derecho a la educación es una garantía universal que debe protegerse sin discriminaciones ni sesgos. Al introducir requisitos de carácter penal, se vulnera el principio de igualdad ante la ley.
