La escuela, considerada un espacio formativo, de convivencia y construcción de vínculos, enfrenta constantemente expresiones de violencia que tensionan su propósito educativo y las dinámicas de las comunidades que la habitan. A pesar de la atención que recibe, gran parte de la controversia suele abordarse desde perspectivas políticas, normativas o jurídicas, dejando en segundo plano los efectos que estas medidas tienen sobre las comunidades educativas y, especialmente, sobre el profesorado.
La sociedad continúa trasladando hacia las escuelas y los docentes responsabilidades que exceden ampliamente su tarea profesional y su propósito formativo. Con ello, otras instituciones y estructuras sociales terminan desentendiéndose de funciones educativas que también les corresponden.
